A continuación, se añade un resumen con las infracciones y sanciones más relevantes previstas en la Ley 10/2020.

INFRACCIONES MUY GRAVES
– artículo 51 –

1. a) El incumplimiento del deber de comunicación previsto en el artículo 18, cuando algún directivo o empleado del sujeto obligado hubiera puesta internamente la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el BC y FT.

1. b) El incumplimiento de la obligación de colaboración establecida en el artículo 21 cuando medie requerimiento por escrito de la comisión de prevención del blanqueo de capitales.

1. c) El incumplimiento de la prohibición de revelación establecida en el artículo 24 o del deber de reserva previsto en los artículos 46.2 y 49.2 e).

1. d) La resistencia u obstrucción a la labor inspectora, siempre que medie requerimiento del personal actuante expreso y por escrito.

1. e) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas correctoras comunicadas por requerimiento del comité permanente a las que se alude en los artículos 26.5, 31.2, 44.2, y 47.5, cuando concurra una voluntad deliberadamente rebelde al incumplimiento.

1. f) La comisión de una infracción grave durante los cinco años anteriores hubiera sido impuesta al sujeto obligado una sanción firme en vía administrativa por el mismo tipo de infracción.

1. g) El incumplimiento de las medidas de suspensión acordadas por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de conformidad con el artículo 48 bis.6.

2. a) En los términos previstos por los reglamentos comunitarios que establezcan medidas restrictivas, el incumplimiento doloso de la obligación de congelar o bloquear los fondos, activos financieros recursos económicos de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados.

2. b) En los términos previstos por los reglamentos comunitarios que establezcan medidas restrictivas, el incumplimiento doloso de la prohibición de poner fondos, activos financieros recursos económicos a disposición de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados.

SANCIONES

– artículo 56 –

AL SUJETO OBLIGADO
a) Amonestación pública.
b) Multa cuyo importe mínimo será 150.000€ y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: – El 10% del volumen de negocios anual total del sujeto obligado. – El duplo del contenido económico de la operación o el quíntuplo de los beneficios derivados de la infracción si pueden determinarse o 10.000,000 euros.
c) Revocación o suspensión de la autorización administrativa para operar. Además de la sanción de multa, que es obligatoria, se impondrá alguna de las otras dos sanciones.

A CARGOS DE ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN RESPONSABLES DE LA INFRACCIÓN
a) Multa a cada uno de ellos por importe de entre 60.000€ y 10.000.000€.
b) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad por un plazo máximo de 10 años.
c) Amonestación pública.
d) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de las sujetas a la LPBC y FT por un plazo máximo de 10 años.
Es obligatorio aplicar la sanción de multa, en tanto que las otras posibles sanciones serán aplicadas sólo en el supuesto de que el órgano sancionador así lo decida.

INFRACCIONES GRAVES
– artículo 52-

1. a) El incumplimiento de las obligaciones de identificación formal, en los términos del artículo 3.

1. b) El incumplimiento de las obligaciones de identificación del titular real, en los términos del artículo 4.

1. c) El incumplimiento de la obligación de obtener información sobre el propósito e índole de la relación de negocios, en los términos del artículo 5.

1. d) El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios, en los términos del artículo 6.

1. e) El incumpliendo de la obligación de aplicar medidas de diligencia debida a los clientes existentes, en los términos del artículo 7.2 y de la disposición transitoria séptima.

1. f) El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas reforzadas de diligencia debida, en los términos de los artículos 11 a 16.

1. g) El incumplimiento de la obligación de examen especial, en los términos del artículo 17.

1. h) El incumplimiento de la obligación de comunicación por indicio, en los términos del artículo 18, cuando no deba calificarse como de muy grave.

1. i) El incumplimiento de la obligación de abstención de ejecución, en los términos del artículo 19.

1. j) El incumplimiento de la obligación de comunicación sistemática, en los términos del artículo 20.

1. k) El incumplimiento de la obligación de colaboración establecida en el artículo 21, cuando medie requerimiento escrito de uno de los órganos de apoyo de la comisión de prevención del blanqueo de capitales.

1. l) El incumplimiento de la obligación de conservación de documentos, en los términos del artículo 25.

1. m) El incumplimiento de la obligación de aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados de control interno, en los términos del artículo 26.1, incluida la aprobación por escrito y aplicación de una política expresa de admisión de clientes.

1. n) El incumplimiento de la obligación de comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión la propuesta de nombramiento del representante del sujeto obligado, o la negativa a atender los reparos u observaciones formulados, en los términos del artículo 26 ter.

1. ñ) El incumplimiento de la obligación de establecer órganos adecuados de control interno, con inclusión, en su caso, de las unidades técnicas, que operen en los términos del artículo 26 ter.

1. o) El incumplimiento de la obligación de dotar al representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión y al órgano de control interno de los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para el ejercicio de sus funciones.

1. p) El incumplimiento de la obligación de aprobar y mantener a disposición del Servicio Ejecutivo de la Comisión un manual adecuado y actualizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en los términos del artículo 26.5.

1. q) El incumplimiento de la obligación de examen externo, en los términos del artículo 28.

1. r) El incumplimiento de la obligación de formación de empleados, en los términos el artículo 29.

1. s) El incumplimiento de la obligación de adoptar por parte del sujeto obligado las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directivos o “agentes” que hayan realizado una comunicación a los órganos de control interno, en los términos del artículo 30.1.

1. t) El incumplimiento de la obligación de aplicar respecto de las sucursales y filiales con participación mayoritaria situadas en terceros países las medidas previstas en el artículo 31.

1. u) El incumplimiento de la obligación de aplicar sanciones o contramedidas financieras internacionales, en los términos del artículo 42.

1. v) El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 43 de declarar la apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo.

1. w) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas correctoras comunicadas por requerimiento del comité permanente a las que se alude en los artículos 26.5, 31.2, 44.2 y 47.5 cuando no concurra una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento.

1. x) El establecimiento o mantenimiento de relaciones de negocio o la ejecución de operaciones prohibidas.

1. y) La resistencia u obstrucción a la labor inspectora cuando no haya mediado requerimiento del personal actuante expreso y por escrito al respecto. El incumplimiento de la obligación de declaración de movimientos de medios de pago.

3. El incumplimiento de las obligaciones de comunicación e información a las autoridades competentes establecidas específicamente en los reglamentos comunitarios que establezcan medidas restrictivas específicas.

3. a) En los términos previstos en los reglamentos comunitarios que establezcan medidas restrictivas, el incumplimiento doloso de la obligación de congelar o bloquear los fondos, activos financieros recursos económicos de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.

3. b) En los términos previstos en los reglamentos comunitarios que establezcan medidas restrictivas, el incumplimiento doloso de la prohibición de poner fondos, activos financieros recursos económicos a disposición de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.

3. c) En los términos previstos en los reglamentos comunitarios que establezcan medidas restrictivas, el incumplimiento de las obligaciones de comunicación e información a las autoridades competentes establecidas específicamente.

5. Constituirán infracciones graves de la presente ley el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 4 a 14 y 16 del Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1781/2006.

SANCIÓN

– artículo 57 –

AL SUJETO OBLIGADO
a) Amonestación privada.
b) Amonestación pública.
c) Tratándose de entidades sujetas a autorización administrativa para operar, la suspensión temporal de ésta.
d) Multa, cuyo importe mínimo será de 60.000€ y cuyo importe máximo podrá ascender a hasta la mayor de las siguientes cifras: – 10% del volumen de negocios anual total del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación, más un 50 por ciento, el triple del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse, o 5.000.000 euros del sujeto obligado.
Además de la sanción de multa, que es obligatoria, se impondrá alguna de las otras dos sanciones.
Incumplimiento de la obligación de declarar del artículo .34: Multa: Importe mínimo de 600€ y máximo del 50% del valor de los medios de pago utilizados.

CARGOS DE ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN RESPONSABLES DE LA INFRACCIÓN
a) Amonestación privada.
b) Amonestación pública.
c) Separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta ley por un plazo máximo de cinco años.
d) Multa a cada uno de ellos por un importe mínimo de 3.000 euros y máximo de hasta 5.000.000 euros.
Además de la sanción de multa, que es obligatoria, se impondrá alguna de las otras tres sanciones.

ANÁLISIS DE RIESGO

Los procedimientos de control interno deberán estar fundamentados en un análisis de riesgos previo. Este análisis de riesgo deberá documentarse por escrito.

Este análisis deberá identificar y evaluar los riesgos del sujeto obligado por tipos de clientes, países o áreas geográficas, productos, servicios, operaciones. etc. Para ello, deberá tener en cuenta el tipo de relación de negocios, el volumen de las operaciones, etc.

El análisis de riesgos deberá ser revisado periódicamente, en especial cuando exista un cambio significativo que pudiera influir en el nivel de riesgo (por ejemplo, una modificación normativa). Además será obligatorio cuando se lance un nuevo producto, se realice una nueva actividad que quede sujeta a la aplicación de la Ley, etc.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Los sujetos obligados deben elaborar manual de prevención de blanqueo de capitales donde quedarán documentados los procedimientos de control interno.

El contenido mínimo del manual debe comprender los siguientes aspectos:

1. Política de admisión de clientes, indicando de forma precisa los clientes que suponen un riesgo superior al promedio y, las medidas a adoptar para mitigar estos riesgos, incluyendo como medidas, la negativa a establecer relaciones de negocio, a ejecutar operaciones o la terminación de la relación de negocios.
2. Procedimiento estructurado de aplicación de medidas de diligencia debida a nuevos clientes, que incluya la documentación e información exigibles.
3. Procedimiento estructurado de aplicación de las medidas de diligencia debida a los clientes existentes, que tendrá en cuenta, en su caso, las medidas aplicadas previamente y la adecuación de los datos obtenidos.
4. Una relación de hechos u operaciones que, por su naturaleza, puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
5. Una descripción detallada de los flujos internos de información, con instrucciones precisas sobre cómo proceder en relación con los hechos u operaciones que, por su naturaleza, puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
6. Un procedimiento para la detección de hechos u operaciones sujetos a examen especial, con descripción de las herramientas o aplicaciones informáticas implantadas y de las alertas establecidas.
7. Un procedimiento estructurado de examen especial, debiendo describirse las fases del proceso de análisis y las fuentes de información a emplear, así como la obligación de formalizar por escrito el resultado del examen y las decisiones adoptadas.
8. Una descripción detallada del funcionamiento de los órganos de control interno, que incluirá su composición, competencias y periodicidad de sus reuniones.
9. Las medidas para asegurar el conocimiento de los procedimientos de control interno por parte de los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado, incluida su periódica difusión y la realización de acciones formativas de conformidad con un plan anual.
10. Las medidas a adoptar para verificar el cumplimiento de los procedimientos de control interno por parte de los directivos, empleados y agentes.
11. Los requisitos y criterios de contratación de agentes.
12. Un procedimiento de verificación periódica de la adecuación y eficacia de las medidas de control interno. En los sujetos obligados que dispongan de departamento de auditoría interna corresponderá a éste dicha función de verificación.
13. La periódica actualización de las medidas de control interno, a la luz de los desarrollos observados en el sector y del análisis del perfil de negocio y operativa del sujeto obligado.
14. Un procedimiento de conservación de documentos que garantice su adecuada gestión e inmediata disponibilidad.

ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO

Representante ante el SEPBLAC

El representante ante el SEPBLAC, es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de información (comunicación de operaciones, recepción de requerimientos, etc).

El Representante deberá ser (salvo las excepciones recogidas en la normativa) una persona residente en España que ejerza cargo de administración o dirección de la sociedad.

Su nombramiento se efectuará mediante el Formulario F22 disponible en la página web del SEPBLAC junto con la siguiente documentación:

1. Documento que acredite que el representante ha sido nombrado por el órgano de dirección del sujeto obligado (certificación del consejo u órgano equivalente) y en el que debe mencionarse expresamente la designación como «representante ante el Sepblac”.
2. Documento que acredite la firma del representante (por ejemplo el DNI).
3. Descripción detallada de la trayectoria profesional (por ejemplo, currículum vitae).

Órgano de Control Interno

Los sujetos obligados deben establecer un OCI, que deberá contar con representación de las distintas áreas de negocio del sujeto obligado, y que será responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Así mismo, será el órgano encargado de realizar el examen especial de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Unidad Técnica de PBC

La unidad técnica es la encargada del tratamiento y el análisis de la información.

La normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, impone a los sujetos obligados el deber de conservación de la documentación.

Por ello, los Sujetos Obligados deberán conservar durante un plazo máximo de 10 años a contar desde la ejecución de la operación o, finalización de la relación de negocio:

1. Toda la documentación obtenida o generada en aplicación de las medidas de diligencia.
2. Los documentos o registros que acrediten adecuadamente las operaciones, los intervinientes en las mismas y las relaciones de negocio

Finalizado este plazo de 10 años, deberá procederse a su destrucción.

La conservación de los documentos deberá realizarse en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos cuando:

• Se trate de las copias de los documentos fehacientes de identificación formal.
• Los documentos acreditativos de la realización de operaciones de ingreso, retirada o traspaso de fondos desde una cuenta en una entidad de crédito y los que acrediten la orden o recepción de transferencias de fondos realizadas en entidades de pago u operaciones de cambio de moneda.

El sistema de archivo debe asegurar siempre la adecuada gestión y disponibilidad de la documentación, tanto a efectos de control interno, como de atención en tiempo y forma a los requerimientos de las autoridades.

Por último indicar que, transcurridos cinco años desde la finalización de la operación o relación de negocio, sólo podrán acceder a los documentos: los miembros del Órgano de Control Interno, el Representante ante el Servicio Ejecutivo y las personas autorizadas por el Órgano de Control Interno para la defensa legal del sujeto obligado.

¿Por qué es importante la conservación de la documentación?

• Porque es un trámite administrativo que debo realizar como Sujeto Obligado.
• Porque, además de ser una exigencia establecida por la Ley, conservando la documentación puedo acreditar que he cumplido con el resto de medidas de diligencia y he aplicado las políticas y procedimientos internos.

MEDIDAS DE DILIGENCIA NORMALES:

El estudio del cliente se inicia con la identificación y comprobación de su identidad mediante documentos fehacientes, que permitan el conocimiento del mismo antes de iniciar las relaciones de negocio.

Los sujetos obligados no podrán mantener ninguna relación de negocio con una persona (física o jurídica) que no se encuentre correctamente identificada. Así mismo, los sujetos obligados deberán identificar formalmente a todas aquellas personas que intervengan en la operación (cliente final, avalista, donante, representante de la sociedad, etc.).

• IDENTIFICACIÓN FORMAL

El artículo 6 del reglamento enumera los documentos considerados fehacientes a efectos de identificar formalmente a los clientes y a cualquier otra persona que pueda intervenir en la operación.

Los documentos deberán encontrarse en vigor en el momento de su presentación. Para el caso de las personas jurídicas, la vigencia de los datos deberá acreditarse mediante una declaración responsable del cliente.

Todos los documentos deberán incluir obligatoriamente una fotografía del titular.

• 

• TITULAR REAL

La LPBC y FT, establece que los sujetos obligados deben identificar al titular real adoptando las medidas adecuadas con objeto de conocer su identidad. A estos efectos, la LPBC y FT entiende por titular real «la persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o intervenir en una operación«.

Además, la normativa de prevención de blanqueo de capitales nos indica que debemos tener los siguientes datos de los titulares reales: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, tipo y número de documento de identidad, país de expedición del documento de identidad, país de residencia y nacionalidad. Asimismo, es necesario conocer la estructura de propiedad y control de nuestro cliente. Este cuadro deberá comprender la estructura accionarial de la sociedad interviniente hasta los titulares reales finales, incluyendo todas las sociedades interpuestas y el porcentaje de participación de cada una de ellas. El documento deberá ser firmado por un apoderado / representante de la sociedad.

Estas medidas de comprobación deberán adoptarse con carácter previo al establecimiento de la relación de negocios o la ejecución de la operación, así como, cuando se tengan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia.

La negativa a identificar al titular o titulares reales de la operación, ha de conllevar el fin de la relación de negocios o la no ejecución de la operación.

Recuerda:

Los sujetos obligados no deben mantener relaciones de negocio con sociedades cuyos titulares reales no se hayan podido determinar.

• CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL CLIENTE

Con carácter previo al establecimiento de la relación de negocios, el sujeto obligado debe conocer la naturaleza de la actividad profesional o empresarial del cliente así como el origen de los fondos con los que hará frente a la operación. Para ello, podrá solicitarse la siguiente documentación:

• Documentos acreditativos de la actividad profesional o empresarial: vida laboral, nóminas, declaraciones de impuestos, cuentas anuales, etc.
• Acreditación del origen de fondos: declaraciones de impuestos, documentación acreditativa del negocio jurídico previo, documentación bancaria, etc.

MEDIDAS DE DILIGENCIA SIMPLIFICADAS:

La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, establece unos supuestos tasados en los cuales los sujetos obligados podrán aplicar medidas de diligencia debida simplificada al entender que existe un riesgo reducido de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Los supuestos contemplados en la normativa son los siguientes:

1. Las entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión Europea o de países terceros equivalentes (ej. Ministerio del Interior de España o Agència l’habitatge de Catalunya).
2. Las sociedades u otras personas jurídicas controladas o participadas mayoritariamente por entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión Europea o de países terceros equivalentes (ej. Canal Isabel II) .
3. Las entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago, domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (ej. Banco Santander).
4. Las sucursales o filiales de entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago, domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes, cuando estén sometidas por la matriz a procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (ej. Openbank).
5. Las sociedades cotizadas cuyos valores se admitan a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes así como sus sucursales y filiales participadas mayoritariamente (ej. fondos de inversión que estén reguladas por la CNMV).

El artículo 16 del reglamento establece así mismo un listado de productos u operaciones susceptibles de aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida, dirigidos fundamentalmente al ámbito del seguro, giros postales, cobros en el sector turístico, préstamos sindicados, etc. En estos casos:

• No resulta preceptiva la identificación del titular real.
• No será necesario recabar información sobre su actividad profesional o empresarial.
• Será necesario acreditar que pueden aplicarse medidas simplificadas al cliente.

Las medidas de diligencia debida simplificadas sólo podrán aplicarse siempre que no exista ningún indicio o certeza de encontrarse el cliente u operación vinculado con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo o, cuando se aprecien riesgos superiores al promedio.

IMPORTANTE:

No se pueden aplicar medidas simplificadas a ningún cliente persona física y siempre es necesario guardar la evidencia de los motivos por los cuales se han aplicado medidas de diligencia simplificadas.

MEDIDAS DE DILIGENCIA REFORZADAS

Los sujetos obligados deberán aplicar, junto con las medidas de diligencia debida normales, medidas de diligencia reforzadas cuando el cliente u operación presente un riesgo elevado de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

SUPUESTOS LEGALES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA REFORZADAS

La LPBC y FT y el reglamento establecen unos supuestos en los que el el cliente siempre es considerado como cliente de riesgo superior al promedio, tales como:

1. Personas físicas o jurídicas no residentes en países miembros de la Unión Europea o en países terceros equivalentes.
2. Personas físicas o jurídicas cuya nacionalidad, domicilio o residencia fiscal se encuentre en países, territorios o jurisdicciones considerados de riesgo incluyendo en todo caso aquellos países para los que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) o la Unión Europea exijan la aplicación de medidas de diligencia reforzada.
3. Personas con responsabilidad pública.
4. Compañías mandatarias offshore.
5. Sociedades de mera tenencia de activos.
6. Sociedades cuya estructura accionarial y de control tiene una complejidad que hace difícil identificar su titular real en un tiempo razonable.
7. Sociedades que estén representadas mediante títulos al portador en las que se haya podido determinar la estructura de propiedad o control.
8. Personas físicas o jurídicas que actúen a través intermediarios que no son sometidas a supervisión adecuada.
9. Sociedades preconstituidas, cuando se produzca una transmisión de acciones o participaciones con anterioridad al comienzo de la relación de negocios.

Así mismo, tendrán la consideración de clientes cuyo riesgo es superior al promedio, las personas físicas o jurídicas que ejerzan alguna de las siguientes actividades:

• Servicios de banca privada.
• Explotación de casinos, máquinas de juego, apuestas u otros juegos de azar.
• Cambio de moneda o divisas y/o gestión de transferencias.
• Comercio de metales preciosos, joyas, arte, etc.
• Reciclado de metales y chatarra.
• Fabricación y/o distribución de armas.
• Clientes que empleen habitualmente medios de pago al por mayor.
• Entidades benéficas y otras organizaciones sin fines de lucro que operen en un ámbito internacional y no estén sometidas a controles y supervisión por parte de los poderes públicos y/o entidades de autorregulación.

Por último, la normativa establece una serie de operaciones que también deben ser consideradas de riesgo alto / riesgo superior al promedio. Estas operaciones son:

• Cuando la relación de negocios o la operación supongan una transferencia de fondos o bienes hacia terceros países, territorios o jurisdicciones consideradas de riesgo.
• Operaciones de cambio de moneda extranjera cuyo importe, bien singular, bien acumulado por trimestre natural supere los 6.000 euros.
• Personas físicas o jurídicas respecto de las cuales se aprecie una falta de correspondencia entre el importe de la operación y sus ingresos conocidos.
• Operaciones o relaciones de negocio inusuales o ejecutadas a través de intermediarios.
• Cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que al analizar su perfil de riesgo presenten características, por razón de su naturaleza, su tipo de actividad, el origen de los fondos u otras circunstancias relevantes, que deben ser consideradas de riesgo superior al promedio y así lo decida el OCI.

TIPOS DE MEDIDAS REFORZADAS

Cuando nos encontremos ante un cliente o una operación cuyo riesgo sea superior al promedio, los sujetos obligados deben:

1. Acreditar mediante documentos fehacientes la titularidad real del cliente.
2. Obtener, mediante información adicional, un mayor conocimiento del cliente, en especial, en lo que concierne a su actividad profesional o empresarial declarada.
3. Obtener, mediante documentación o información adicional sobre el origen de los fondos y/o el patrimonio del cliente.
4. Examinar y documentar la congruencia de la relación de negocio y la lógica económica de la operación con la documentación e información disponible sobre el cliente.
5. Obtener la autorización directiva para establecer o mantener relaciones de negocios.
6. Exigir que los pagos o ingresos se realicen en una cuenta a nombre del cliente, abierta en una entidad de crédito domiciliada en la UE o en países terceros equivalentes.

Así mismo, los sujetos obligados deben realizar un seguimiento reforzado de estos clientes y operaciones, incrementando el número y frecuencia de los controles aplicados y seleccionando patrones de operaciones para examen.

RECUERDA:

Que un cliente sea considerado de riesgo superior al promedio no implica que no puedas operar con él. Simplemente deberás adoptar una serie de medidas adicionales que te permitirán comprobar de forma más meticulosa que no existe riesgo ni en el cliente ni en la operación.